Costa Rica tomó una decisión histórica en 1948: abolir el ejército y apostarle a la educación, la salud y la institucionalidad civil como pilares de su seguridad.
Esa decisión no fue un acto simbólico, fue una declaración de identidad. Por eso, la propuesta de permitir bases militares extranjeras en territorio nacional no es un tema menor ni una simple estrategia de seguridad: es un cambio estructural que tocaría la esencia misma del país que hemos construido.
Permitir una base militar extranjera implicaría reformar la Constitución Política y reinterpretar nuestra tradición de neutralidad. No se trata solo de cooperación internacional —que ya existe en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico— sino de presencia permanente, infraestructura militar y una redefinición del rol geopolítico de Costa Rica en la región.
Eso nos colocaría inevitablemente en dinámicas de poder global que históricamente hemos evitado. En un mundo marcado por tensiones internacionales y conflictos activos, abrir esa puerta significa asumir riesgos que trascienden la lucha contra el crimen organizado.
Quienes defienden la propuesta argumentan que la criminalidad requiere medidas extraordinarias. Pero la verdadera pregunta es: ¿hemos agotado primero el fortalecimiento de nuestras propias instituciones? La Fuerza Pública, el OIJ, la Policía de Control de Drogas y el sistema judicial necesitan recursos, tecnología, inteligencia estratégica y reformas profundas. La solución a la inseguridad no puede ser delegar soberanía, sino consolidar capacidades internas. La experiencia internacional demuestra que la seguridad sostenible se construye desde dentro, no se importa.
Además, una base militar extranjera cambiaría la percepción internacional de Costa Rica. De país pacifista y mediador, pasaríamos a ser un punto estratégico dentro de intereses militares globales. Eso podría afectar relaciones diplomáticas, comercio y posicionamiento internacional. Nuestra fortaleza histórica ha sido precisamente lo contrario: ser un territorio de paz, diálogo y estabilidad democrática.
Defender esta postura no significa negar la cooperación con aliados estratégicos. Costa Rica puede y debe mantener relaciones sólidas en materia de inteligencia, capacitación y apoyo logístico sin comprometer su modelo histórico. La cooperación no exige instalación permanente de estructuras militares. Hay una diferencia profunda entre colaboración y presencia militar establecida.
Hoy más que nunca, los costarricenses debemos estar unidos para defender lo que nos define. La seguridad es una prioridad, pero también lo es la soberanía. La lucha contra el crimen no puede convertirse en la puerta de entrada para decisiones que transformen nuestro ADN democrático. Nuestra tierra no se defiende solo con armas; se defiende con instituciones fuertes, ciudadanía vigilante y unidad nacional.
Costa Rica no necesita cambiar su esencia para enfrentar sus desafíos. Necesita fortalecerla.
