En una inspección conjunta que sacude las bases del sistema de justicia y seguridad del país, el Fiscal General de la República, Carlo Díaz, y la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, constataron la existencia de abusos de autoridad, golpizas sistemáticas y actos equiparables a tortura dentro del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO). La verificación in situ, realizada junto al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), jueces de Ejecución de la Pena y la Defensa Pública, confirma que en este penal de máxima seguridad el Estado costarricense ha cruzado líneas rojas inaceptables bajo el pretexto del control penitenciario.
Golpizas por escuadras policiales: El testimonio del horror tras las rejas
La diligencia no dejó espacio para eufemismos burocráticos. Durante el recorrido por los módulos del CACCO, las autoridades entrevistaron a personas privadas de libertad, personal técnico y custodios penitenciarios. Los hallazgos levantaron alarmas inmediatas: múltiples reclusos presentaban lesiones corporales recientes provocadas por agresiones directas.
De acuerdo con la defensora Angie Cruickshank, los testimonios coinciden en señalar el accionar violento y coordinado de un grupo específico de custodios. Los reclusos denunciaron ser agredidos por una escuadra policial que irrumpe en los dormitorios en horarios determinados únicamente para someterlos a golpizas físicas, un patrón que supera cualquier protocolo legítimo de contención y califica como violencia institucional deliberada.»“
Pudimos constatar que efectivamente se están presentando algunas situaciones que podrían encajar en violaciones de derechos humanos y algunas situaciones también de abuso de autoridad y de tortura”, sentenció el Fiscal General, Carlo Díaz.»
Violaciones de derechos humanos bajo la lupa judicial
La gravedad del asunto radica en que no se trata de señalamientos aislados de la población penal, sino de un diagnóstico certificado al más alto nivel del Ministerio Público y los órganos de control de derechos fundamentales del país. La presencia de jueces de Ejecución de la Pena ratifica que el régimen interno del CACCO está operando al margen de la legalidad constitucional.
El costo institucional para Costa Rica
¿Seguridad o barbarie estatal?
