En medio de la conmoción nacional por el brutal asesinato del periodista, Zapote mantiene el torniquete financiero sobre el Poder Judicial, alegando «normas presupuestarias» que asfixian la investigación criminal.
Costa Rica vive horas de profunda indignación y luto. Mientras una multitud en Cartago clamaba por justicia en el funeral del periodista Camilo Rodríguez, asesinado por sicarios el pasado lunes, la presidenta de la República, Laura Fernández, optó por la confrontación técnica en lugar de la empatía nacional. En la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno, la mandataria defendió a capa y espada los recortes presupuestarios que mantienen congelados cerca de ₡30.000 millones destinados al Poder Judicial, una decisión que golpea directamente la capacidad operativa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el momento más crítico de la crisis de seguridad.
El cinismo del presupuesto: ¿Seguridad o ahorro?
La postura del Ejecutivo es clara: la disciplina fiscal está por encima de la urgencia de capturar criminales. Según la mandataria, el Ministerio de Hacienda no está «recortando» por capricho, sino aplicando normas que exigen el visto bueno de la Contraloría y de una comisión legislativa controlada por el oficialismo. Sin embargo, para el ciudadano de a pie, la explicación suena a excusa burocrática mientras la sangre corre en las calles.Este bloqueo financiero ha impedido que el Poder Judicial acceda a recursos ya asignados, obligándolos a mendigar autorizaciones para usar su propio dinero.
El impacto es devastador: el OIJ ha dejado de percibir más de ₡8.500 millones, lo que se traduce en plazas congeladas, falta de equipo y una limitación evidente para enfrentar al crimen organizado que hoy le arrebató la vida a un comunicador.
Una bofetada a la justicia en pleno funeral
Resulta políticamente incendiario que la defensa de estos recortes ocurra el mismo día en que el país despedía a Camilo Rodríguez. Mientras los obispos y la ciudadanía gritaban «justicia» en la Catedral de Cartago, desde Casa Presidencial se enviaba un mensaje de austeridad forzada.
Las implicaciones de esta asfixia económica son directas:
Plazas vacantes: Decenas de puestos en investigación criminal siguen sin llenarse por falta de contenido presupuestario.
Debilidad operativa: El OIJ debe hacer «magia» para rastrear a los sicarios en motocicleta con recursos limitados.
Control político: El Ejecutivo utiliza el presupuesto como un garrote para condicionar la labor de un poder independiente.
La Fiscalía reacciona ante la crisis
Ante la magnitud del caso y la presión social, el Fiscal General, Carlo Díaz, anunció la creación de un «grupo de fiscales experimentados» para liderar la investigación. Este equipo élite, compuesto por especialistas en Crimen Organizado, busca blindar el caso de cualquier negligencia técnica, a pesar de trabajar bajo la sombra de los recortes defendidos por Fernández.
«Lo haremos con la mayor seriedad posible y rigurosidad técnica en conjunto con el OIJ», afirmó Díaz, en un intento por dar certeza a una población que ve cómo el miedo silencia incluso a otros comunicadores, quienes ya han empezado a cerrar sus redes sociales por temor a represalias.
