En un servicio como la ITV, fiscalizar no debería significar únicamente verificar que una estación esté operando. También implica comprobar que los procedimientos, equipos, tiempos de atención y criterios técnicos se ajusten a las condiciones establecidas.
El usuario tiene derecho a conocer quién supervisa el servicio, cuáles son los indicadores que se utilizan para medir su calidad y qué mecanismos existen para corregir incumplimientos.
La fiscalización también debe permitir identificar problemas antes de que se conviertan en una afectación mayor. Si existen fallas recurrentes, equipos que requieren mantenimiento, problemas de atención o inconsistencias en los procesos, debe haber mecanismos para detectarlas y actuar.
La pregunta de fondo es sencilla: ¿quién fiscaliza al que fiscaliza? Porque la existencia de un operador no sustituye la responsabilidad de las autoridades de supervisar que un servicio esencial para la seguridad vial funcione bajo las reglas establecidas.
