Estamos hartos de ver cómo quienes deberían estar resolviendo las verdaderas urgencias del país prefieren jugar a los espías desde un micrófono en Casa Presidencial.
El pasado 29 de octubre, mediante la sentencia 2026-042250, la Sala Constitucional le puso un freno de mano —aunque ajustado, por cuatro votos contra tres— a una de las prácticas más peligrosas del poder: usar el aparato estatal para intimidar al que piensa distinto. El Estado fue condenado a pagar costas, daños y perjuicios (que, no nos engañemos, saldrán del bolsillo de todos nosotros en la vía contencioso-administrativa) por el «efecto inhibitorio» que produjeron las palabras del ministro Aguilar contra la disidencia política y la libertad de opinión.
Todo estalló el 12 de agosto. Mientras el país lidia con una inseguridad desbordada en las calles, falta de oportunidades y una crisis de confianza que nos asfixia, el jerarca usó la tarima oficial para defender el programa Cero Ocio (con el que privados de libertad limpian y chapean vías nacionales) lanzando un dardo directo: «Para todos aquellos abolicionistas que hablaron tanta paja, que era flor de un día, estos zurdos, inclusive de clóset, que ya los tenemos identificados y que se reunieron un día de estos».
Seamos claros: el problema aquí no es el calificativo político. Quienes presentaron el recurso ni siquiera reclamaron por la palabra «zurdos» ni cuestionaron el derecho del ministro a defender su gestión; de hecho, la Sala declaró sin lugar el reclamo sobre esos epítetos. La línea roja que se cruzó fue otra mucho más grave: anunciar desde el poder que los opositores están «identificados».
Las preguntas caen por su propio peso y nos tocan a todos como ciudadanos: ¿Cómo obtuvo el ministro esa información? ¿Quién hizo el trabajo de identificación? ¿Qué datos se recopilaron y en qué gaveta o base de datos pública se guardaron? No es casualidad que hoy el 65.2% de los costarricenses sienta que la libertad de expresión está en peligro, que el 47.2% perciba censura o limitaciones para expresarse, y que un 68% desconfíe de lo que dicen los ministros. Nos han fallado las instituciones en su deber de protegernos, mientras el sistema político se enfrasca en pleitos estériles que obstruyen las soluciones reales.
El peso de la investidura y una Sala dividida
El magistrado Fernando Cruz Castro, quien respaldó la condena junto a Paul Rueda Leal, Jorge Araya García e Ingrid Hess Herrera, puso el dedo en la llaga sobre lo que significa gobernar en democracia: «Sí, estimamos que hubo una amenaza a la libertad de opinión, a la disidencia política, cuando usted dice que está vigilando y que tiene identificados a quienes se oponen básicamente, en esencia eso». Y recordó algo elemental que parece haberse olvidado en los pasillos del poder: «El presidente y los ministros tienen una gran responsabilidad para ser simbólicamente la representación del respeto a derechos fundamentales y derechos humanos».
Aun así, el fallo deja ver las fisuras en la propia Corte. Los magistrados Fernando Castillo Víquez y Luis Fernando Salazar Alvaradosalvaron el voto para declarar el recurso sin lugar en todos sus extremos, mientras que Anamari Garro Vargas se apartó pidiendo retrotraer el proceso por una inconsistencia técnica entre el escrito inicial y el auto de curso.
Por su parte, la defensa oficialista intentó bajarle el piso al asunto. En la Asamblea Legislativa, el subjefe de fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Juan Manuel Quesada Espinoza, alegó que al ministro lo sacaron de contexto y que se refería únicamente a figuras políticas y exfuncionarios que asistieron a un plantón público el 6 de agosto en la Plaza de la Democracia. El propio Aguilar se montó luego en esa versión, excusándose en que fue un evento difundido por la prensa. Pero en política, las palabras desde el poder tienen consecuencias, y el mensaje intimidatorio ya
wnviado.
Nuestra voz cuenta: A reconstruir el camino «a lo tico»
No se trata de un gobierno en particular ni de defender colores partidarios; estamos ante un sistema desgastado donde el conflicto y la polarización han sustituido al trabajo serio. Pero el silencio y la indiferencia no pueden ser nuestros cómplices. La política no es «de ellos», es nuestra responsabilidad. El fallo de la Sala confirma que cuando la ciudadanía alza la voz, fiscaliza y exige respeto a sus garantías, el abuso encuentra límites. Tenemos una herencia de paz, diálogo y respeto mutuo que el mundo entero admira. En lugar de permitir que nos dividan con listas de «identificados» o trincheras ideológicas, nos toca recuperar nuestro poder ciudadano.
Es hora de exigir, a la manera tica —con firmeza, consenso y sin miedo—, que quienes ocupan una silla en el gobierno dejen de vigilar al que critica y se pongan a trabajar por el empleo digno, la honestidad y la seguridad que Costa Rica merece.
