Seamos francos: si algo alimenta el profundo hartazgo que hoy siente el costarricense de a pie, es la insultante desconexión entre el discurso de austeridad de los políticos y la forma en que gastan la plata del pueblo cuando llegan al poder.
La paradoja dentro del oficialismo hoy es de antología. Mientras la Presidenta de la República, elegida bajo la bandera de Pueblo Soberano, dio el paso de renunciar a una parte importante de la deuda política, la actual presidenta de ese mismo partido y diputada, Mayuli Ortega, decidió que para moverse por San José necesitaba nada menos que un BMW modelo 2026. ¿El costo del «instrumento de trabajo»? Un contrato de arrendamiento por 48 meses a razón de ₡1,2 millones mensuales. En total, una factura de casi ₡58 millones que el Partido Pueblo Soberano (PPSO) pretende pasarle a usted, a mí y a todos los contribuyentes a través del financiamiento estata
¡Ya basta de confundir herramientas con lujos!
Nadie discute que un diputado o dirigente político necesite movilizarse para cumplir sus funciones. Pero aquí es donde cabe la pregunta de rigor: ¿es realmente necesario un vehículo de lujo que cuesta una fortuna para trasladarse entre las oficinas partidarias y la Asamblea Legislativa, como justificó la diputada en el Plenario?
Estamos hartos de los engaños y de quienes llegan al poder no para servir, sino para servirse. Mientras en los hogares costarricenses el ingreso promedio se ha encogido y miles de familias hacen malabares ante la falta de oportunidades, ver a la cúpula de un partido político defender el alquiler de un BMW con fondos públicos es una bofetada a la realidad nacional. Este gasto —o más bien, este capricho— no le hace ningún favor a la «causa soberana» que dicen defender, y explica por qué los partidos políticos (con un raquítico 13%) y el Parlamento (con apenas un 26%) están en el sótano de la confianza ciudadana.
El TSE entra a la cancha (y el silencio como respuesta)
El escándalo ya no es solo ético; ahora está bajo la lupa electoral. El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrió formalmente una investigación administrativa preliminar sobre el contrato del lujoso automóvil, sumada a un estudio técnico que ya revisa con lupa las liquidaciones de gastos del PPSO de la campaña 2026 y del segundo trimestre de este año.
El órgano electoral activó el expediente tras las revelaciones de la prensa y dos denuncias formales.¿La respuesta de Ortega tras conocerse la apertura de la investigación del TSE? El silencio. Ni llamadas contestadas ni respuestas por WhatsApp a la prensa. Su única defensa previa fue escudarse en que el Comité Ejecutivo Superior del partido se lo asignó y que «las reglas de financiamiento lo permiten».
El sistema nos falló, pero nuestra vigilancia cuenta
Ahí está la trampa de siempre. Que un portillo legal o reglamentario permita alquilar vehículos no significa que sea ético cargarle al Estado un auto de lujo de ₡1,2 millones al mes. Eso demuestra, una vez más, que no estamos solo ante los excesos de figuras individuales, sino ante un sistema de financiamiento político con fallas estructurales que requiere reparación urgente para evitar que el dinero de los ticos termine financiando privilegios.
La política no es «de ellos», ni los recursos del Estado son la caja chica de los comités ejecutivos; son nuestra responsabilidad. Que hoy el TSE esté investigando este contrato a raíz de denuncias y presión pública demuestra que el silencio y la indiferencia ya no son opción.
Reconstruir la confianza en Costa Rica exige pasar de las palabras a los hechos concretos, empezando por la decencia y la honestidad en el manejo de cada colón público. Los costarricenses merecen representantes que caminen con los pies en la tierra, no dirigentes que vean el presupuesto estatal como su agencia de autos de lujo.
