La Asamblea Legislativa de Costa Rica está analizando un proyecto de ley (expediente 24.616) que pretende crear un marco jurídico robusto para proteger a los consumidores financieros, brindando herramientas ante prácticas abusivas, fraudes bancarios o cláusulas injustas en productos y servicios financieros. La iniciativa asignaría al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) roles de supervisión y regularización más claros para defender los derechos de los usuarios
El proyecto ha avanzado en la Comisión de Asuntos Económicos tras recibir observaciones de diversos actores del sector, incluidos bancos y organizaciones de consumidores. La propuesta busca establecer una vía administrativa que permita a las personas resolver disputas con proveedores financieros sin necesidad de acudir directamente a procesos judiciales complejos o costosos.
