Un nuevo pulso en Cuesta de Moras deja en evidencia a un sistema atrapado en sus propios laberintos. El oficialismo se quedó corto, las negociaciones tras bastidores se esfumaron antes de las 3:00 p.m. y el futuro energético del país sigue esperando un verdadero acuerdo nacional.
Otra tarde en la Asamblea Legislativa, otro capítulo de esa política de trinchera que tiene a Costa Rica al borde del hartazgo. Mientras en la calle las familias y los sectores productivos exigen respuestas claras para impulsar el empleo y abaratar el costo de la vida, en el Plenario el resultado volvió a ser el mismo de siempre: humo en los pasillos, culpas cruzadas y un archivo más para la colección.
Con 31 votos a favor y 23 en contra —lejos de los 38 requeridos por ley—, los diputados rechazaron en segundo debate y sepultaron definitivamente el proyecto de armonización del mercado eléctrico. Ni la maniobra de última hora del oficialismo, que pretendía raspar 29 votos para ampliar el plazo de discusión antes de su vencimiento el próximo 21 de octubre, logró salvar una iniciativa que murió por inanición política.
El espejismo de las 3:00 p.m.: Pactos fantasma y calculadoras rotas
Lo que ocurrió antes de la votación es una radiografía exacta de por qué el 72% de la ciudadanía desconfía hoy de lo que pasa en el Congreso. Durante días, el edificio legislativo fue un hervidero de rumores, filtraciones y supuestos pactos bajo la mesa.
Desde la trinchera oficialista de Pueblo Soberano (PPSO) se llegó a ventilar la existencia de un borrador de acuerdo que debía firmarse hoy mismo, a más tardar a las 3:00 p.m. El trato, según las versiones que circulaban en los corrillos parlamentarios, consistía en un trueque político: ocho diputados de Liberación Nacional (PLN) —Eder Hernández, Karen Alfaro, Ángela Aguilar, Salvador Padilla, Iztarú Alfaro, Andrea Valverde, Rafael Vargas y Mangell Mc Lean— darían los votos para alcanzar el número mágico de 38, a cambio de impulsar tres iniciativas verdiblancas sobre el mercado eléctrico.
Pero cuando llegó la hora de la verdad, el supuesto pacto se desvaneció. Los liberacionistas ya habían dinamitado las mesas de conversación días atrás, condicionando cualquier avance en materia eléctrica a que el Gobierno frenara los recortes al presupuesto de las universidades públicas.
El costo de dinamitar los puentes
Del otro lado del tablero, la bancada oficialista del PPSO solo logró sumar el voto solitario de la socialcristiana Abril Gordienko (PUSC). Sin embargo, ni siquiera ese respaldo vino sin factura. Gordienko puso el dedo en la llaga sobre la falla estructural que ha paralizado al país en los últimos años: responsabilizó directamente a las administraciones de Laura Fernández y Rodrigo Chaves por su incapacidad para sostener el diálogo político.
Y ahí radica el fondo del asunto. No es solo el fracaso de un gobierno o la terquedad de una oposición; es el síntoma de un sistema político enfrascado en conflictos que ha olvidado cómo construir consensos. Cuando la imposición sustituye a la negociación y los ultimátums reemplazan a los puentes, el país entero se queda a oscuras.
¿Qué se fue al archivo? La anatomía de la reforma caída
Más allá del pulso de poder entre fracciones, lo que estaba sobre la mesa era una transformación profunda de las reglas del juego energético en Costa Rica. El proyecto buscaba romper el esquema actual —donde la energía privada solo puede ser adquirida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) bajo un rígido sistema de cuotas— para abrir la cancha a una mayor participación privada.
Apertura regulada: Permitía que, además del ICE, empresas privadas, cooperativas y otros actores generaran y vendieran electricidad directamente dentro de un esquema regulado por el Estado, libre para cualquier persona física o jurídica que cumpliera los requisitos técnicos y legales.
Un nuevo árbitro en la cancha: Creaba el Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional (Ecosen), una institución autónoma financiada mediante un canon eléctrico, encargada de administrar el mercado, coordinar técnicamente el sistema y elaborar el Plan Nacional de Expansión de la Generación y la Transmisión.
Flexibilidad de compra y rectoría: Facilitaba la contratación directa de electricidad entre distribuidoras y generadores privados, blindaba la permanencia de pequeñas plantas generadoras, fortalecía la generación distribuida y dejaba la planificación del sistema bajo las políticas del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae).
El debate sobre cómo modernizar nuestro sistema eléctrico sin desproteger el modelo solidario es urgente y legítimo. Pero la jornada de hoy demuestra, una vez más, que las grandes reformas no se logran con borradores filtrados a última hora ni a punta de trincheras ideológicas. La ciudadanía esta harta de ver cómo los problemas estructurales del país se usan como fichas de cambio en un juego de suma cero. La energía que Costa Rica necesita con urgencia no saldrá de los pasillos legislativos mientras sigan cerrados al diálogo; saldrá de una ciudadanía activa que exija a sus representantes sentarse a construir soluciones reales, de frente al sol y a la manera tica: con respeto, transparencia y verdadero consenso nacional.
