La discusión sobre la inspección técnica vehicular suele centrarse en la disponibilidad de citas o en el operador del servicio. Sin embargo, especialistas en transporte, representantes del sector empresarial y expertos en contratación administrativa advierten que la falta de estabilidad del modelo también tiene un costo para el país. La incertidumbre jurídica no solo afecta a los usuarios, sino que repercute en la planificación de inversiones, la actividad económica y la capacidad del Estado para garantizar un servicio eficiente
Uno de los sectores que resiente esta situación es el productivo. Transportistas, empresas de logística, trabajadores independientes y comercios que dependen de sus vehículos enfrentan dificultades cuando la inspección técnica no opera con la capacidad suficiente para atender la demanda. La imposibilidad de obtener una cita en un plazo razonable puede traducirse en atrasos, pérdida de productividad y mayores costos operativos.
Los talleres mecánicos también experimentan las consecuencias. La incertidumbre en la programación de las inspecciones altera la planificación de reparaciones y la atención de los clientes. A esto se suma el impacto sobre el propio operador del servicio, que bajo un esquema temporal enfrenta mayores limitaciones para realizar inversiones en nuevas estaciones, renovación de equipos, tecnología o ampliación de la capacidad instalada, debido a la falta de certeza sobre la continuidad del contrato.
Para el Estado, la ausencia de un modelo definitivo también representa desafíos. Especialistas en contratación administrativa señalan que los esquemas transitorios deben ser la excepción y no la regla, ya que la planificación de largo plazo permite establecer obligaciones claras, mecanismos de fiscalización, indicadores de desempeño y condiciones que favorezcan la inversión y la mejora continua del servicio.
Los expertos coinciden en que un sistema estable beneficia a todos los actores involucrados. Una licitación transparente y de largo plazo brinda seguridad jurídica, fomenta la competencia, incentiva la modernización del servicio y reduce los costos asociados a la incertidumbre. Más allá del operador, el reto de Costa Rica es construir un modelo de inspección técnica que ofrezca continuidad, eficiencia y confianza para los usuarios, las empresas y el propio Estado.
