La revisión técnica vehicular es demasiado importante para que su futuro dependa indefinidamente de soluciones temporales. Se trata de un servicio directamente relacionado con la seguridad vial, por lo que Costa Rica necesita definir de una vez un modelo estable, transparente y con reglas claras que permita garantizar su continuidad y calidad.
Las prórrogas pueden ser necesarias para evitar que el servicio se interrumpa, pero no deberían convertirse en la respuesta permanente. Cada extensión prolonga la incertidumbre sobre el futuro del sistema y dificulta la planificación de inversiones en infraestructura, equipos, tecnología y capacitación. Un servicio de esta importancia necesita condiciones que permitan pensar en años, no únicamente en la siguiente prórroga.
También está en juego la confianza. Los usuarios necesitan saber que tendrán acceso a citas, que los criterios de inspección serán claros y uniformes y que el sistema funcionará con capacidad suficiente. Las empresas, por su parte, requieren seguridad jurídica para invertir y desarrollar infraestructura. Y el Estado necesita contar con un contrato sólido que le permita fiscalizar, exigir resultados y proteger el interés público.
Costa Rica tiene la oportunidad de cerrar definitivamente esta etapa de transición mediante un proceso de contratación transparente y competitivo. El objetivo no debería ser simplemente encontrar una solución para los próximos meses, sino construir un modelo definitivo de RTV que dé certeza a los usuarios, estabilidad a las empresas y herramientas efectivas de control al Estado. La seguridad vial merece una solución permanente, no otra prórroga
