El debate sobre la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (Expediente 23.414) ha encendido todas las alarmas políticas y sociales. En el centro de la controversia están dos posturas totalmente opuestas: por un lado, la visión de apertura que promueve el exdiputado y excandidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez Desanti; por el otro, la defensa cerrada del modelo público y solidario que encabeza Sergio Ortiz Pérez, líder sindical del ICE y presidente de ACOTEL.
A continuación, destripamos lo que realmente se están disputando
1. Antonio Álvarez Desanti: La receta de abrir el mercado
Álvarez Desanti abandera la aprobación del proyecto alegando que el Estado ya no da abasto para sostener la demanda eléctrica:
La urgencia de la modernización: Asegura que con la irrupción de la inteligencia artificial y los centros de datos, el consumo de electricidad se disparará. Según su tesis, el Estado carece del «músculo financiero» necesario para invertir, por lo que aperturar el mercado para el sector privado es la única vía para garantizar el suministro.
La línea partidaria: Argumenta que la apertura del mercado eléctrico no es una idea nueva, sino una bandera histórica del PLN desde los gobiernos de Óscar Arias. Recordó además que el texto original en discusión fue redactado por la propia bancada liberacionista en el periodo legislativo anterior.
Ataque a su propia bancada: Cuestionó sin rodeos a los diputados de su partido que votaron en contra en primer debate, sentenciando que «algo peor que cometer un error es insistir en seguir equivocado» e instándolos a cambiar su voto en favor del desarrollo económico.
Tarifas eléctricas caras: Señala que las tarifas eléctricas actuales son muy altas para los costarricenses de bajos, de medios y de altos ingresos. La apertura hará que la electricidad tiende a la baja. Los costos de producción del ICE son muy altos.
2. Sergio Ortiz Pérez: Freno mano al desmantelamiento del ICE
Ortiz Pérez encarna la resistencia social e institucional contra la iniciativa, denunciando que detrás del proyecto de ley se esconde un zarpazo al patrimonio público:
Negocio privado sobre interés público: Afirma tajantemente que la ley no busca una «armonización técnica», sino garantizarle a los generadores privados un mercado seguro y jugosas ganancias a costa del sistema nacional.
Golpe al bolsillo de la gente: Advierte que la creación de una nueva burocracia llamada ECOSEN (Ente Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional) traerá consigo un nuevo «canon eléctrico» y costos operativos innecesarios que terminarán engordando las tarifas de las familias y los pequeños comercios.
Dejar al ICE «sin cerebro»: Sostiene que quitarle al ICE la operación, planificación y control del mercado energético equivale a desmantelar la institución. Al trasladar el Centro de Control a una entidad politizada por el gobierno de turno, se reduce la empresa pública a su mínima expresión.
Defensa del Estado Social de Derecho: Hizo un llamado directo a las fuerzas de raíz socialdemócrata para frenar el texto, advirtiendo que aprobar esta ley destruirá la soberanía energética del país y el modelo solidario que nos ha caracterizado.
La discusión sobre el Expediente 23.414 pone sobre la mesa dos modelos de país irreconciliables: la apertura de mercados promovida desde la política tradicional o la defensa del modelo energético estatal e histórico de las instituciones públicas. El desenlace de este pulso en el Congreso definirá quién pagará los costos de la energía en el futuro cercano.
