San José, Oct 23 Por Redacción Política | La Verdad
¡Ya basta! Estamos hartos de tener miedo en nuestras propias calles y estamos hartos de sentir que las instituciones caminan a paso de tortuga mientras el país exige respuestas urgentes. La noticia que hoy sale del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) debería ser un triunfo para la transparencia, pero al leer la letra menuda, termina siendo el retrato perfecto de un sistema que nos sigue fallando.
El TSE finalmente confirmó el despido sin responsabilidad patronal y la inhabilitación por dos años para ejercer cargos públicos de Lidieth María Torres Víctor, oficial de la Fuerza Pública, por el delito de beligerancia política. Bien hecho, la ley se aplica. Pero aquí viene el dato que indigna a cualquier ciudadano de a pie: los hechos ocurrieron entre noviembre de 2015 y abril de 2016.
Sí, leyó bien. Nuestro entramado institucional tardó una década entera en dejar en firme la sanción contra una funcionaria policial que decidió cambiar su deber de proteger a toda la ciudadanía por el activismo político de teclado en Guanacaste.
El uniforme no es para hacer campaña
Hagamos memoria de lo que pasó. Mientras usted y su familia esperan que la Fuerza Pública esté concentrada al cien por ciento en frenar la violencia y la inseguridad que hoy nos arrebatan la paz, esta oficial usaba múltiples perfiles de Facebook (“Torres LY”, “LY Torres” y “Mari Torres”) para jugar a la politiquería en páginas locales de La Cruz.
Sus aportes al debate público fueron joyas de matraca electoral a favor del entonces candidato a alcalde Junnier Salazar Tobal (“Yulo”) y ataques directos contra el exalcalde Carlos Matías Gonzaga. Mensajes como “VIVA YULO”, “NOS VEMOS EL 7 MATIAS” y “PUEBLO DESPERTEMEOS, YULO, YULO…” le acaban de costar el puesto diez años después.
El TSE fue contundente al aplicar el artículo 146 del Código Electoral, el 12 de la Constitución Política y la Ley General de Policía: quien lleva un uniforme y un arma del Estado tiene prohibición absoluta de meterse en política electoral, más allá de ir a votar en silencio. Una policía politizada es un peligro para la democracia; como bien advierte el fallo, genera alerta y confusión en la ciudadanía. Quienes deben protegernos no pueden andar tomando bando.
La vieja confiable: apostar a que el sistema se canse
Lo más revelador de este caso no es solo la falta de la oficial, sino la estrategia de su defensa, que refleja cómo muchos intentan burlarse de nuestras leyes. ¿Su argumento principal? Que el caso ya había prescrito, que había caducado y que el proceso duró más de seis años con 242 días de inactividad en el expediente.
En otras palabras: apostar a la lentitud y burocracia del aparato estatal para salir impune.
Los magistrados Eugenia María Zamora, Max Alberto Esquivel y Héctor Enrique Fernández le cerraron la puerta en la cara a esa estrategia en la resolución n.° 9504-E6-2026. El Tribunal dejó claro que, en temas de beligerancia política, ni la prescripción ni la caducidad existen en la ley para borrar la falta. La sanción va porque va, apenas se publique en el Diario Oficial La Gaceta.
Pero seamos claros y hablemos sin rodeos: que la ley no permita que el delito prescriba no justifica que la justicia tarde diez años en llegar.
Nos fallaron las instituciones, pero nuestra voz cuenta
Este caso es la prueba viviente de por qué el costarricense siente un profundo hartazgo. Por un lado, funcionarios públicos que olvidan su deber de probidad y neutralidad; por el otro, un sistema con fallas estructurales y sobrecarga que tarda una década en resolver qué hacer con unos cuantos comentarios en Facebook.
No es solo un mal funcionario o un trámite lento; es un sistema que necesita reparación urgente. El silencio y la indiferencia han sido cómplices durante décadas de que nuestras instituciones pierdan agilidad y credibilidad.
Sin embargo, el cambio verdadero no vendrá de arriba como por arte de magia. Nos toca a nosotros, desde la trinchera ciudadana, exigir dos cosas innegables: una Fuerza Pública 100% profesional, neutral y dedicada a devolvernos la seguridad en nuestros barrios, y una justicia electoral y administrativa que actúe en tiempo real, no cuando los gobiernos locales por los que se peleaban ya son historia antigua.
