Si algo alimenta el profundo hartazgo que hoy siente el costarricense de a pie, es ver cómo las necesidades urgentes de las comunidades se utilizan como fichas de póker en las mesas del poder. Lo ocurrido este miércoles en Turrúcares de Alajuela no es solo una disputa municipal; es el retrato crudo de un sistema político que le ha fallado a la gente y que hoy pretende condicionar el desarrollo básico a cambio de obediencia.
La ecuación planteada desde el Ejecutivo es tan directa como indignante: calles asfaltadas, un Colegio Técnico Profesional y centros de cuido para los niños de Turrúcares —valorados en unos ¢6.000 millones— a cambio de que la Municipalidad de Alajuela agache la cabeza, desista de los procesos judiciales y permita la instalación del cuestionado relleno sanitario de la empresa EBI.
En palabras sencillas: o aceptan el basurero, o se olvidan de las obras.
¡Ya basta de jugar con las necesidades del pueblo!
¿Desde cuándo el derecho a la educación técnica de los jóvenes, el cuido de la niñez o el mantenimiento de las vías públicas son premios que el Estado otorga solo si una comunidad renuncia a defender su territorio y su Plan Regulador? Estamos hartos de los engaños y de una clase política que confunde la gestión pública con el trueque mercantil.
La respuesta desde el gobierno local no tardó en llegar, y puso el dedo en la llaga. El alcalde de Alajuela, Roberto Thompson —quien ni siquiera fue invitado formalmente al conversatorio realizado en el Liceo de Turrúcares—, calificó la jugada gubernamental de «inapropiada e irrespetuosa».
“Quiero decirle que yo he estado, estoy y voy a estar en contra de la instalación del basurero de Turrúcares”, sentenció Thompson, recordando que desde 2016 su administración anuló los usos de suelo otorgados a EBI por violar el Plan Regulador Urbano del cantón.
Presión, ultimátums y un sistema que nos falló
En lugar de abrir canales de diálogo técnico y transparente, la apuesta desde el Ministerio de la Presidencia, en voz de Rodrigo Chaves, fue subir el tono y ponerle fecha de caducidad a la oferta: el 2 de diciembre. El argumento para meter presión es el fantasma de un eventual arbitraje internacional que le costaría al país $150 millones.
Para empujar esa decisión, Chaves lanzó la pelota a los 11 regidores del Concejo Municipal, apelando a que usen «el juicio, las hormonas y la sabiduría». Pero seamos claros: cuando el Estado llega al punto de amenazar con un hueco financiero de $150 millones por posibles errores administrativos del pasado, o intenta doblarle el brazo a un gobierno local con ultimátums, queda en evidencia que las instituciones han fallado en su deber más elemental de planificar con transparencia y apego a la ley.
