Mientras miles de conductores enfrentan dificultades para obtener una cita para la inspección técnica vehicular, otro tema comienza a ganar relevancia: el modelo jurídico bajo el cual opera actualmente el servicio.
Especialistas en contratación administrativa y transporte consultados coinciden en que el permiso de uso en precario fue concebido como una medida temporal, pero advierten que el país requiere una solución definitiva que garantice estabilidad, inversión y transparencia.
El permiso de uso en precario es una figura legal que permite al Estado autorizar la prestación de un servicio público de manera provisional, mientras se desarrolla el procedimiento para adjudicar un contrato permanente. En el caso de la inspección técnica vehicular, este mecanismo evitó la suspensión del servicio, pero no sustituye una licitación pública como modelo de largo plazo.
Expertos en derecho administrativo explican que la naturaleza temporal de este esquema puede limitar la planificación de inversiones por parte del operador. Al no existir certeza sobre la permanencia del servicio, resulta más complejo justificar inversiones significativas en infraestructura, renovación de equipos, modernización tecnológica o ampliación de la capacidad instalada, aspectos que pueden incidir en la calidad y eficiencia de la atención.
Especialistas también señalan que avanzar hacia una licitación pública definitiva contribuiría a fortalecer la seguridad jurídica y la confianza en el sistema. Un proceso competitivo y transparente permitiría establecer reglas claras para todos los participantes, brindar mayor estabilidad al servicio y ofrecer a los usuarios la certeza de que un componente esencial para la seguridad vial opera bajo un marco legal sólido y permanente.
