Lo que comenzó como una solución temporal para evitar la interrupción de la revisión técnica vehicular se ha convertido en un proceso de transición que se extiende por varios años.
Durante este período, el servicio ha pasado por cambios de operador, permisos temporales, procesos de contratación que no llegaron a concretarse y un debate constante sobre la necesidad de una licitación definitiva que garantice estabilidad y seguridad jurídica.
Línea de tiempo
2022 | Finaliza la concesión anteriorConcluye la concesión que durante años permitió la prestación del servicio de revisión técnica vehicular. Ante la necesidad de evitar un vacío en un servicio considerado esencial para la seguridad vial, el Estado adopta medidas transitorias para mantener la operación.
2022-2023 | Se implementa el esquema de uso en precario
El Gobierno autoriza la prestación del servicio mediante un permiso de uso en precario, una figura concebida como una solución provisional mientras se desarrolla un proceso definitivo de contratación.
2023-2025 | Prórrogas y procesos sin resolución definitiva
Durante este período se mantienen las autorizaciones temporales y el país continúa sin una licitación adjudicada de forma definitiva. Diversos sectores señalan que la incertidumbre jurídica dificulta la planificación de inversiones y limita la posibilidad de modernizar el servicio.
2026 | Persisten los retosCuatro años después del inicio de la transición, el país continúa operando bajo un esquema temporal. Mientras usuarios reportan dificultades para obtener citas y distintos sectores solicitan mejoras en la prestación del servicio, especialistas insisten en que el principal desafío sigue siendo concluir un proceso licitatorio transparente que otorgue estabilidad al sistema.
¿Qué sigue?
Expertos en contratación administrativa coinciden en que una licitación pública definitiva permitiría brindar mayor seguridad jurídica al Estado, al operador y a los usuarios. Además de definir reglas claras y promover la competencia, un contrato de largo plazo facilitaría inversiones en infraestructura, tecnología y capacidad de atención, aspectos considerados fundamentales para fortalecer un servicio esencial para la seguridad vial.
