Estamos hartos de los engaños y de la falta de transparencia de una clase política que parece vivir desconectada de la realidad. Mientras los costarricenses vivimos con miedo en nuestras propias calles, enfrentando una crisis de inseguridad que nos golpeó con una alarmante tasa de homicidios de 17.2 por cada 100,000 habitantes en 2023, en la Asamblea Legislativa intentan jugar con el presupuesto nacional de 2027. No es de extrañar que un 72% de la población desconfíe profundamente de los diputados.
Pero esta vez, la Corte Suprema de Justicia decidió no quedarse de brazos cruzados frente a un sistema que amenaza con fallarnos aún más. El magistrado de la Sala Primera, Carlos Zamora, fue directo al grano: advertir sobre las afectaciones de las restricciones presupuestarias en el funcionamiento del Poder Judicial no es un capricho, es una responsabilidad constitucional. Basado en el artículo 167 de nuestra Carta Magna, Zamora le recordó al Congreso que la consulta sobre estos recortes no es opcional. “No dice podrá, dice deberá consultar. Es un deber, una obligación”, sentenció con firmeza.
Pretender asfixiar económicamente a un sistema de justicia que ya padece de sobrecarga y de una creciente percepción de impunidad es echarle más leña al fuego de la «olla de presión» social que vivimos diariamente. Zamora les dejó las reglas claras a los legisladores: si quieren apartarse del criterio técnico de la Corte e ignorar las consecuencias en los servicios judiciales, van a necesitar los votos de dos terceras partes de sus integrantes. “No es un invento de esta Corte, es la Constitución Política la que establece ese deber de la Asamblea”, recalcó el magistrado, dejando en evidencia que el Poder Judicial no dudará en ejercer su facultad constituyente si el Congreso incumple.
El silencio y la indiferencia institucional han sido cómplices de nuestro deterioro. Como ciudadanos, debemos alzar la voz y recuperar nuestro poder para evitar que las instituciones encargadas de protegernos colapsen por maniobras políticas irresponsables. El cambio verdadero no vendrá de arriba por arte de magia; nacerá de una ciudadanía activa que exige cuentas claras. Es hora de reconstruir el país a lo tico, exigiendo verdadera transparencia, defendiendo nuestra institucionalidad y peleando por la seguridad y la honestidad que Costa Rica merece.
