El ciudadano está harto de que nos hablen en lenguaje técnico para esconder que el sistema nos está fallando en la cara. Mientras miles de familias costarricenses hacen malabares para llegar a fin de mes, esperan años por una cita médica o sueñan con una vivienda digna que nunca llega, en los pasillos del poder juegan al monopolio con el Presupuesto Nacional.
La última jugada financiera suena a trabalenguas burocrático, pero golpea directo en la mesa del ciudadano: Hacienda reporta una caída libre en los ingresos por impuestos de ₡373.390,80 millones, provocando un tijeretazo neto al presupuesto de ₡167.968,23 millones. ¿La receta de siempre para tapar el hueco? Recortar gastos, mover ₡265.868,64 millones para seguir pagando deuda y pensiones, y echar mano de los llamados «superávits» de las instituciones públicas.
Pero llamemos a las cosas por su nombre. Cuando el Estado dice que «sobró plata» en programas sociales, rara vez es por eficiencia; casi siempre es por incapacidad para ejecutar.
El espejismo de los «sobrantes» sociales: ¿Ahorro o abandono?
El ajuste presupuestario pretende pellizcar ₡14.483,28 millones de FODESAF —plata sagrada destinada a combatir la pobreza— para redistribuirla. La alerta que hoy levanta la Defensoría de los Habitantes desnuda una realidad indignante: cerca del 96% de esos fondos no utilizados vienen del BANHVI y del IMAS.
¿De verdad nos quieren hacer creer que en la Costa Rica de hoy, con el rezago social y la falta de oportunidades que nos asfixian, sobra plata para casas y ayudas sociales? La Defensoría pone el dedo en la llaga: los papeles del Gobierno no aclaran si ese dinero sobró por «economías efectivas» o por pura ineptitud administrativa que dejó expedientes engavetados.
En vivienda (BANHVI): Urge saber cuántos proyectos habitacionales están frenados, cuántos expedientes llevan meses acumulando polvo y cuánto más deberán esperar las familias por un techo.
En asistencia social (IMAS): ¿Cuántos hogares elegibles se quedaron esperando una ayuda que nunca llegó simplemente porque el aparato estatal no supo mover un papel a tiempo?
En salud (CCSS): Se inyectan ₡10.327,27 millones para aseguramiento estatal. Suena bien en el papel, pero un giro bancario no cura enfermos ni acorta las listas de espera. Sin datos claros sobre cuánta gente real será cubierta y cómo otros recortes afectarán la entrega de medicamentos, consultas y tratamientos, seguimos jugando con la salud del pueblo.
Limón vuelve a pagar los platos rotos (y la deuda sigue intacta)
Mientras se cambian de bolsillo ₡153.544,87 millones para pagar intereses de la deuda pública —una movida que la Defensoría exige vigilar con lupa por sus tasas, plazos y costos futuros—, la tijera sí tiene filo cuando mira hacia las costas y la educación de nuestros jóvenes.
El proyecto le pasa la factura al Tecnológico de Costa Rica (TEC) con un recorte de ₡492,88 millones que golpea directamente en el corazón del Centro Académico de Limón. Estamos hablando de dejar en el aire a 417 estudiantes de tres carreras y a cerca de 30 funcionarios.
En una provincia golpeada históricamente por el desempleo juvenil y la falta de oportunidades, cerrarle la llave a la educación superior pública no es ahorro: es condenar el futuro. Peor aún, este recorte podría estar atropellando los artículos 22, 23 y 24 de la ley que blinda el financiamiento de las sedes regionales universitarias.
“Un presupuesto no es solamente una cifra. Detrás de cada decisión presupuestaria hay personas, familias, y derechos que deben ser protegidos. Por eso es importante conocer por qué existen fondos sin ejecutar, cuáles necesidades siguen pendientes y sobre todo, cómo se garantizará la continuidad de los servicios”. — Angie Cruickshank Lambert, Defensora de los Habitantes.
El sistema nos falló, pero nuestra voz cuenta: Es hora de exigir cuentas
No es solo un mal cálculo de un gobierno o una comisión legislativa; es un entramado institucional lento y desconectado que parece haber olvidado para quién trabaja. Nos fallan las instituciones cuando guardan en el banco la plata de las becas, los bonos de vivienda y las medicinas, y luego la usan para cuadrar la caja chica del Estado.
Pero el silencio y la indiferencia ya no son opción. La Asamblea Legislativa no puede firmar un cheque en blanco ni aprobar recortes a ciegas. Como ciudadanía informada y activa, los costarricenses exigen que Hacienda, DESAF, el BANHVI, el IMAS y el TEC pongan las cartas sobre la mesa antes de votar:
1. Transparencia total: ¿Por qué no se ejecutó la plata de los programas sociales y quiénes son los responsables del atraso?
2. Rostro humano: ¿Cuántas familias e individuos se quedaron sin beneficio por la lentitud burocrática?
3. Respeto a la ley y a las regiones: Garantía absoluta de que la educación en Limón no será la moneda de cambio para tapar huecos fiscales.
Reconstruir la confianza en Costa Rica se hace a lo tico: hablando claro, defendiendo la paz social con inversión real y sin dejar a nadie atrás. La política y el presupuesto público no son «de ellos», son nuestra plata y nuestro futuro. ¡Exijamos que cada colón cumpla su promesa!
