La Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia ratificó este lunes la reelección de Carlo Díaz Sánchez como fiscal general de la República por un nuevo período de cuatro años, en una votación que alcanzó 21 votos a favor por parte de los magistrados.
Díaz, de 53 años, ocupa la jefatura del Ministerio Público desde el 31 de octubre de 2022. Su permanencia en el cargo se da en medio de una compleja coyuntura institucional, caracterizada por relaciones tensas con el Poder Ejecutivo, el desarrollo de investigaciones a altos funcionarios públicos y los desafíos persistentes del país en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El proceso de reelección no estuvo exento de cuestionamientos en el ámbito político. El diputado del partido Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos, criticó el procedimiento aplicado por el órgano judicial, argumentando que se debió abrir un concurso público para examinar otras candidaturas, con base en lo establecido en la Ley 10.401 aprobada en 2023.
Pese a los señaalamientos sobre un supuesto procedimiento viciado, la Corte Plena llevó a cabo la votación este 19 de octubre conforme a la agenda prevista.
Previo a la votación, el desempeño del jerarca fue evaluado por los magistrados, quienes le otorgaron una calificación de 98,95% correspondiente al año 2025. Díaz cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el Poder Judicial, con formación en Derecho por la Universidad de Costa Rica (UCR), una maestría en Derecho Penal por la Universidad Internacional de las Américas (UIA) y estudios en Criminología por la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Inició su carrera en 1998 en la Fiscalía de Limón y ocupó cargos en la Fiscalía de Asuntos Indígenas y la Fiscalía de Ejecución de la Pena antes de asumir la Fiscalía General.
Semanas atrás, Díaz había confirmado su intención de buscar la continuidad en el puesto tras consultarlo con su entorno familiar. «Ellos todos son muy valientes, no tenemos miedo y ellos me han impulsado», declaró el fiscal en su momento.
La decisión de la Corte Plena reaviva el debate público sobre los mecanismos de selección y fiscalización de los altos cargos del Poder Judicial, en momentos donde la ciudadanía demanda mayor transparencia y fortalecimiento de las instituciones democráticas del país.
